LEY DE CLARIDAD

Creo que estamos asistiendo al inicio de una amplia campaña de opinión para trasladar a nuestro país el debate sobre la denominada Ley de Claridad canadiense, la que dio marco legal al referéndum en la región francófona de Quebec. Lo digo porque considero que esta es la salida que, además de los indultos, ha estado negociando Pedro Sánchez con ERC que, no lo olvidemos, cuenta con el respaldo de EH Bildu. Esta estrategia es sin duda la que divide al independentismo catalán entre quienes apostarían por esta vía y quienes continúan en su camino por la independencia unilateral.

Sirva esta cuestión para poner muchas otras en perspectiva, entre otras la navarra y poder seguir tanto los acontecimientos como los debates que se nos van a presentar.

Digo esto porque en los últimos días el diario el País ha publicado al menos dos artículos sobre la cuestión. El presidente del Parlamento catalán, Roger Torrent de ERC propuso hace días en Madrid “un pacto por la claridad”

La primera reflexión que me viene a la cabeza, antes de entrar en un análisis más preciso, es si este movimiento de ERC no es una más de las añagazas estratégicas que ha venido urdiendo el independentismo catalán a lo largo de los últimos 40 años. Recordemos pactos como los del Magestic  o los de Rodríguez Zapatero que vincularon a PP y PSOE pero nunca a los independentistas que los utilizaron únicamente como terreno conquistado y base de operaciones para próximas reivindicaciones y como munición de agitación de sus movimientos sociales.  Ya se sabe de la vieja táctica de los nacional-populismos: se crea el marco conceptual que suene bien para que todo el mundo entre en el debate y después, el relato del mismo lo elaboro yo, cambiando si es preciso las reglas del juego y reelaborando un nuevo marco a partir de la situación creada con las  nuevas conquistas. Así llevamos 40 años y parece que no aprendemos.

 Pero vamos a analizar que es  la Ley de Claridad canadiense.

En primer lugar hay que decir que la citada ley nace a raíz de un dictamen del Tribunal Supremo canadiense que señala que ni el ordenamiento jurídico  de ese país ni las leyes internacionales recogen  el derecho de autodeterminación  para Quebec.

 También señala que la decisión sobre una posible secesión corresponde al conjunto de los canadienses y no a los habitantes de una región en particular. Por lo tanto cualquier posible secesión debe estar precedida de una reforma constitucional.

Por otra parte la Ley de Claridad canadiense recoge la posibilidad de que no todo el territorio de una región opte por la independencia, dando pie a situaciones que en Cataluña podrían independizarse Lerida o Gerona y permanecer unidas a España Barcelona o Tarragona o, siendo más precisos, Reus podría ser independiente y Cambrils , no. Una  país  gruyer, lleno de agujeros.

A la vista de estas cuestiones cabe preguntarse si en España necesitamos una ley de Claridad, siendo que la Constitución es lo suficientemente clara a este respeto y también contempla el procedimiento para su reforma.

Pero vamos a suponer que la reforma constitucional abriera las puertas a una secesión. La ley de Claridad canadiense establece que la pregunta y la mayoría en el referéndum debe ser clara. Y corresponde al Senado de Canadá determinar si esa mayoría, en resultado y participación, y esa pregunta han sido claras. En caso afirmativo abriría la puerta a una negociación entre los Gobiernos de Canadá y de Quebec.  Es decir el resultado del referéndum no es vinculante y solo obliga a abrir una negociación. Si esta negociación no llegase a buen puerto se tendría que someter de nuevo la reforma constitucional a refrendo del conjunto de los canadienses.

Como se ve un procedimiento complejo y susceptible de ser utilizado de forma demagógica y propagandística por el independentismo catalán.

Hay sin embargo quien plantea la necesidad de asumir la filosofía de la Ley de Claridad canadiense diciendo que con una mayoría muy cualificada y siempre que se respeten las garantías de igualdad de derechos, el Estado debería arbitrar fórmulas constitucionales  para la secesión.

Y yo me pregunto: ¿es lógico iniciar este debate  cuando en Cataluña  se incumple reiteradamente la Constitución, cuando se expulsa de  hecho a una niña de un colegio por dibujar la bandera española, cuando se adoctrina hasta el punto de introducir informadores en los recreos escolares para ver si se habla el castellano, cuando diariamente se manipula a la opinión  a través de los medios de información públicos y concertados?. ¿ No habría que dejar pasar  una decena de años en los que en Cataluña se respetaran todos los derechos constitucionales, antes de plantear este debate.?

 Así que como conclusión: Uno, la Constitución española recoge todo lo que plantea la ley de Claridad. Dos, hablar de esta cuestión sin garantizar el  respeto por parte de los independentistas catalanes a los derechos constitucionales de los habitantes de Cataluña es un camino equivocado. La buena fe de las partes, que es el eje central de la Ley de Claridad, no se aprecia ni de lejos en los dirigentes del independentismo catalán.

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