POLITICA LINGÜÍSTICA (y II)

La ley del Vascuence de 1986 fue fruto de un precario consenso político  entre  Partido Socialista y Eusko Alkartasuna, un consenso  que  no  supuso la paz social en esta materia.  Pero hubo un consenso al fin y al cabo.  La Ley reconoce el derecho de toda la población a  conocer el euskera y usarlo y divide el mapa de  Navarra en tres zonas lingüísticas: Vascófona, Mixta y no vascófona.  En la primera el euskera tiene carácter cooficial con el castellano.  Los padres son los que eligen el idioma en el que quieren que se eduque a sus hijos. Sea cual sea su elección los alumnos aprenderán también la otra lengua. Se considera el euskera como merito cualificado para entrar  en la Administración y se promueve su enseñanza entre el personal que ya trabaja en la misma. En la zona mixta.  se habla de la progresiva implantación de líneas en vascuence y de vascuence para los que lo soliciten. Tal como Indica Iñaki Iriarte, para el acceso a la Administración Pública se deja  la cuestión bastante abierta: Se dice que se podrá establecer en qué puestos se hace preceptivo su conocimiento y para  que otros se valorará como mérito. En la zona no vascófona no hay enseñanza pública en euskera. Se prevé la financiación pública de su enseñanza en centros privados. En 1986 en la zona no vascófona solo  hablaba euskera el 0.7 por  ciento de la población.  En Alsasua o Roncal, incluidas en la zona vascófona el porcentaje de vascohablantes estaba ese año en torno  al 25 por ciento.

La ley del Euskera  fue aprobada con los votos del Partido Socialista y Eusko Alkartasuna. UPN se opuso pero aceptaba la zonificación lingüística y  Herri Batasuna por  aquel entonces no participaba en las  Instituciones.  Desde el principio  los nacionalistas consideraron la ley como un avance pero no como la estación término de sus reivindicaciones. Ya en 1995 Partido Socialista y Eusko Alkartasuna propusieron una modificación de la  ley con el fin de suprimir la zona no vascófona e integrar sus  municipios en la zona mixta. La  reforma contó con la oposición de UPN y de HB. Estos últimos por considerar que no debería existir zonificación.  En el año 2000 la plataforma Oinarriak presentó 48.000 firmas en el  Parlamento solicitando también la oficialidad del euskera en toda Navarra. En 2011 el Parlamento vuelve a rechazar una iniciativa en  el mismo sentido. En 2015 el Parlamento aprueba con los votos de  Partido Socialista, Izquierda Un ida y nacionalistas una modificación de le ley que permite la enseñanza  en la zona no vascófona , en cualquiera de los modelos educativos en función de la demanda.

.  Puede decirse que la ley fue aceptada   por buena parte de la sociedad como punto de encuentro entre las  distintas sensibilidades políticas y lingüísticas.

            Ese consenso precario es el que a mi juicio rompe el Gobierno de Navarra en los últimos cuatro años.  Por si alguien tenía dudas el programa de  Bildu, uno de los integrantes del Gobierno cuatripartito, establecía              que el euskera fuera el idioma prioritario …” en preescolar solo se ofrecerá el modelo de inmersión, en el resto de ciclos educativos habrá un único modelo:”

            En la práctica la política lingüística se ha plasmado en  el  intento de suprimir las zonas establecidas por la ley del Euskera. La oposición de IU  impidió  que se aprobará una nueva ley en este sentido. Sin embargo en el ámbito de la función pública se ha puesto en marcha un  decreto foral que desdibuja la zonificación, crea puestos en euskera que la realidad sociolingüística de Navarra no exige y premia a los aspirantes a funcionarios  que saben euskera  ponderando de forma abusiva este mérito por encima de otros.  El decreto está recurrido por los sindicatos UGT y AFAPNA ante  el Tribunal Contencioso Administrativo y está pendiente de resolución. En los últimos meses el Gobierno ha acelerado la asignación de perfil língüístico a numerosos puestos de funcionario con el fin de sortear en la práctica estos recursos.  La secretaria de Educación de UGT, María José Anaut señaló que el desarrollo de  este modelo lingüístico  impedirá en el futuro el acceso a  la función pública de  la inmensa mayoría de los navarros.”

            Esta política  sobre el acceso a la función pública se ha completado con  una normativa que obliga a las empresas privadas que contraten con la Administración a tener planes  de enseñanza del euskera para sus trabajadores. Una medida también criticada por la Confederación de Empresarios de Navarra.

            Simultáneamente desde el sindicato ELA  se pidió  al Gobierno la supresión del PAI, el programa de aprendizaje en inglés  cuya oferta educativa es considerada por los nacionalistas una seria competencia a su proyecto de euskaldunización.

            Por otra parte, durante estos ´últimos cuatro años el Gobierno ha emprendido una amplia campaña en la zona no vascófona para hacer visibles los  mensajes  en euskera a través de cartelería,y rotulaciónes . El euskera  ha tenido en estos soportes una presencia  igual a la del castellano cuando en esa zona el porcentaje de ciudadanos que  dice hablar euskera es del uno por ciento.

            Dicho esto parece evidente que cuando desde Eusko Ikaskuntza se reclama consenso no se hace sino escenificar un brindis al sol. Consenso   ¿con quién? ¿Para qué? ¿para escenificar un trágala  de los postulados nacionalistas?

            Pero al margen de las más o menos sinceras peticiones de  acuerdo, no está de más analizar cuáles serían las bases de un consenso real y amplio de la sociedad navarra en esta materia que garantizaría la paz lingüística  de forma definitiva.

            En primer lugar habría que partir de un acuerdo  de despolitización del debate del euskera. No puede  ser que se intente “normalizar” lingüísticamente al 87 por ciento de la población  que no ha mostrado su deseo de aprenderlo. Sería necesario  poner las bases para el respeto a la voluntad individual de cada ciudadano a usar el euskera, que el acuerdo respondiera al interés  real mostrado por los ciudadanos y no a la pretensión voluntarista de extender el uso de la lengua por  todos los medios y sin justificación de demanda: No practicar ingeniería lingüística para cambiar la realidad social. Habría que determinar los derechos de los vascoparlantes. No hay que olvidar que estos derechos son tales porque los establece la ley y solamente por ello.  Habría que avanzar  a la luz de los datos que ofrece el balance de conocimiento, uso y demanda del euskera en la determinación de las necesidades de los vasco parlantes y en los medios económicos que se pueden destinar a estos fines desde la base de la racionalidad, la disponibilidad y la proporcionalidad.

            Para ello sería necesario explorar la propuesta hecha por Iñaki Iriarte de aplicar el modelo del Tirol italiano. Allí, cada cierto tiempo los ciudadanos tienen la posibilidad de declarar al Gobierno su identidad lingüística. La Administración se dirigirá a ellos en su idioma. Ello permitiría tener el dato de la demanda real y establecer  los servicios públicos en función de este porcentaje.

            Si he de ser sincero, considero esta voluntad de acuerdo un empeño  harto difícil, por no decir ilusorio. Ni en  la primera de las  condiciones: la despolitización, ni en el resto pienso que haya voluntad de los grupos nacionalistas de llegar a  acuerdos que no sea el avance en la extensión del euskera en Navarra al precio que sea.

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